Si formas parte de un servicio de apoyo a personas con discapacidad en la universidad y tienes alguna noticia de interés que quieras compartir con los/las miembros de la Red SAPDU, envía la información a: redsapdu@gmail.com y se valorará tu propuesta.

Fuente: Europapress, 22 de agosto de 2026

La Universidad de Salamanca ha sacado a la luz una investigación que revela un incumplimiento sistemático en la reserva de plazas para personas con discapacidad dentro del personal docente e investigador (PDI) permanente en las universidades públicas españolas.

El estudio, dirigido por el catedrático Francisco José Plaza Martín, analiza el periodo 2016-2025 y concluye que, de las 480 oportunidades previstas para reservar plazas, apenas se corroboraron siete, una cifra calificada como anecdótica. Se calcula que aproximadamente 2.000 plazas dejaron de reservarse para personas con discapacidad en ese tiempo.

Además, el investigador advierte que la cifra podría ser aún mayor, estimando que cerca de 3.000 plazas no cumplieron con esta reserva legal solo en el PDI permanente, una situación que pone en evidencia un problema estructural.

Transparencia y falta de datos en las universidades

La investigación denuncia severas deficiencias en cuanto a la transparencia y trazabilidad de los datos. Varias universidades ni siquiera respondieron a solicitudes de información, mientras que otras afirman no contar con registros o dificultan su acceso.

Estos datos no están incluidos en estadísticas públicas como el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) ni en los portales de transparencia de las universidades, lo que complica verificar el cumplimiento real de la ley y mantiene oculta la situación de la discapacidad en el ámbito universitario.

Plaza Martín insiste en la necesidad de que las universidades publiquen de manera clara y regular tanto el número de plazas de PDI convocadas como las efectivamente reservadas, para evitar casos en que las plazas destinadas inicialmente a reserva no se convoquen finalmente.

Entre las pocas buenas prácticas, destaca la Universidad de Barcelona por su política garantista, además de algunas convocatorias en la UNED, la Universidad de Jaén y Zaragoza.

Obstáculos y desafíos para el PDI con discapacidad

El informe también pone de manifiesto los múltiples obstáculos que enfrentan quienes tienen discapacidad para desarrollarse en el ámbito académico. A pesar de que existe una reserva del 5 % en estudios y contratos predoctorales, esta protección no se traslada con la misma fuerza a los contratos temporales dentro de la carrera docente.

Además, pocas universidades cuentan con protocolos establecidos para adaptar los puestos de trabajo a estas personas, limitando su inclusión real y efectiva.

Reclamaciones y recomendaciones para cambiar la realidad

El CERMI exige que universidades y comunidades autónomas asuman su papel para que la reserva de plazas no sea solo una obligación formal, sino una herramienta real de igualdad. Además, reclama mejoras en los sistemas de información e integración de estos datos en estadísticas oficiales.

Se destaca la urgencia de un seguimiento riguroso y una evaluación constante que superen la fragmentación actual de responsabilidades para garantizar avances significativos.

Francisco José Plaza Martín reclama compromiso para que las universidades encarnen valores como apertura, igualdad y responsabilidad social, y para que la comunidad académica sea un ejemplo visible e integrador para las personas con discapacidad.

La presencia del profesorado con discapacidad es clave para reflejar una imagen pública auténtica y fomentar una universidad que realmente incluya y valore a todos sus integrantes.

El 20 de mayo de 2026, la Universidad de Alicante acogió en la Sede San Fernando la primera reunión del Grupo de Trabajo de Unidades Responsables de Accesibilidad de las Universidades Españolas de CRUE, conocido como URAs CRUE.

El encuentro reunió a responsables de accesibilidad de cerca de una veintena de universidades españolas, en una jornada pensada para compartir experiencias, conocer distintas formas de organización y avanzar de manera conjunta en la mejora de la accesibilidad digital en el ámbito universitario.

Para saber más haz clic en el siguiente enlace: https://web.ua.es/es/accesibilidad/actividades/2026/i-grupo-de-trabajo-de-unidades-responsables-de-accesibilidad-ura-de-crue.html

Los días 25 y 26 de marzo de 2026, la Universitat de València acogerá la organización del XX Congreso Internacional de la Red de Universidades y Educación Inclusiva y XL Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva.

En esta edición la temática del congreso será: Transformando actitudes en inclusión educativa y social. Contribuciones desde la práctica y la investigación.

Durante el congreso, se celebrarán 4 ponencias plenarias, 6 mesas redondas, 27 mesas de comunicaciones y una jornada de investigadores noveles. Los ejes temáticos del congreso son: accesibilidad física, sensorial y cognitiva, innovación y buenas prácticas en educación inclusiva, atención temprana, participación social, escuela inclusiva, formación de profesorado, inclusión social, empleo y vida adulta, políticas inclusivas, sexualidad, salud mental y actividad física, tecnología educativa.

Toda la información en la web del congreso: [Haz clic sobre este texto para acceder a la Web del congreso]

El 24 de marzo de 2026 se llevarán a cabo las IV Jornadas “Hablemos de discapacidad” en la Universidad Miguel Hernández. Este evento, organizado por el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad y el área de Discapacidad de la UMH, en colaboración con la Concejalía de Educación y Discapacidad del Ayuntamiento de Elche, promete ser una jornada llena de aprendizaje, reflexión y encuentro.

Más información en el siguiente enlace [Haz clic sobre este texto para acceder a la información de las jornadas]

Resumen: la Orden PJC/804/2025 actualiza la normativa estatal sobre adaptaciones y ajustes razonables para personas con discapacidad en los procesos selectivos de empleo público. Sustituye a la orden de 2006 y establece criterios unificados para garantizar la igualdad real de oportunidades.

La Orden PJC/804/2025 establece: quién puede solicitar adaptaciones (personas con discapacidad reconocida y aspirantes con necesidades específicas acreditadas), qué medidas pueden concederse (ampliaciones de tiempo, tecnologías de apoyo, formatos accesibles, intérpretes, asistentes y ajustes de espacio) y cómo deben solicitarse y valorarse.

La norma introduce un baremo orientativo para los incrementos de tiempo y exige una valoración individualizada por parte de los tribunales, con el objetivo de garantizar procesos accesibles, coherentes y basados en la igualdad de oportunidades.

Para los técnicos de apoyo educativo en las universidades, esta norma es útil como referencia para orientar al estudiantado que se prepara para oposiciones, ya que unifica criterios y ofrece un marco previsible de adaptaciones. Entre los beneficios: facilita la transición del alumnado con discapacidad al empleo público, mejora la coherencia entre apoyos académicos y selectivos, y refuerza el papel del técnico como asesor. Sin embargo, también presenta algunos retos: la decisión final de la adaptación depende del tribunal, lo que puede generar incertidumbre; no todas las adaptaciones académicas tienen equivalencia directa en las oposiciones.

En conjunto, la norma aporta claridad y respaldo profesional, pero no debe de ser contemplada como un recetario que pueda sustituir el conocimiento y experiencia de los profesionales de apoyo que deberán continuar velando por ofrecer medidas que den respuestas a las necesidades específicas de cada persona.